Estrategia integral para la erradicación del empleo ilegal

El empleo ilegal, mal llamado “en negro” o no registrado, es uno de los principales flagelos que todavía sufre la clase trabajadora nacional, a pesar de todas las mejoras y avances logrados desde el año 2003 hasta la fecha.

La tasa de empleo no registrado llegó a 49,9% en su promedio nacional, durante el pico de la crisis de fines del 2001 y principios del 2002; a fines del 2014 llegó al 33,6%. Esos 16 puntos de diferencia representan unos $80 mil millones en ingresos por año para la Anses. Sin embargo, el FMI nunca hace hincapié en combatir la evasión empresaria a la seguridad social como una de las estrategias para mejorar las cuentas fiscales; su obsesión sigue siendo el recorte del “gasto público”, con efectos regresivos sobre la distribución del ingreso.

Una muy buena noticia reciente fue que en el primer trimestre de este año el trabajo no registrado se redujo al 31,9%, el nivel más bajo de los últimos veinte años. Se estima entonces que casi 4 millones de trabajadoras y trabajadores asalariados se mantienen en esa situación de ilegalidad laboral, en todo el país. De ellos, aproximadamente la mitad son bonaerenses.

En esa dirección, junto a la diputada Patricia Cubría, compañera del bloque Frente para la Victoria (FpV), presentamos el 3 de junio pasado, un proyecto de ley (D-1550/15-16) que promueve la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 26.940 de creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y su inmediata implementación, junto a la implementación de acciones y a la creación de organismos que permitan, en el ámbito provincial, ganar en eficacia y complementariedad en la promoción del trabajo registrado y en la prevención y el combate contra el fraude laboral.

La importancia de esta iniciativa radica en la defensa de los trabajadores con empleo ilegales, no registrados debidamente por sus empleadores por lo que evaden los aportes jubilatorios correspondientes, que carecen de cobertura social.

Esa población tampoco está comprendida en los acuerdos salariales que, año tras año, resultan de las negociaciones paritarias entre empleadores y sindicatos de cada actividad y, por consiguiente, no reciben las sumas a las que tienen derecho, lo cual les genera una merma en el del poder adquisitivo de sus ingresos mensuales.

Por estas razones reiteramos la importancia y urgencia de la implementación de acciones y la creación de organismos públicos provinciales para avanzar en la efectivización de los derechos laborales esenciales que garantizan las Constituciones nacional y provincial.

Asimismo, reclamamos intensificar la investigación, el análisis, las denuncias y el monitoreo de situaciones de trabajo no registrado, cuando no esclavo o semiesclavo, así como todas las formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y seguridad social, en actividades donde la fiscalización se presenta una mayor complejidad.

En lo esencial del proyecto se destacan los artículos de adhesión a la Ley Nacional 26.940 de creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y de creación en el Ministerio de Trabajo de la provincia de una Unidad Provincial Especializada de Fiscalización del Trabajo Irregular (Upefti), “con el objeto de investigar, analizar, evaluar y denunciar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y seguridad social”.

También tiene un relieve especial las sanciones a los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la norma citada que, mientras estén incorporados al Repsal, no podrán: acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado provincial, ni a las líneas de crédito otorgadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La implementación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y las acciones y organismos que se promueven constituyen una decisión que sumará herramientas válidas a la estrategia integral imprescindible para la erradicación del flagelo del empleo ilegal.

Esta lucha frontal debe ser una cuestión prioritaria en la agenda de política económica, laboral y social, a nivel nacional y provincial, por cuanto es una de las principales “deudas sociales” de esta compleja y extraordinaria etapa de la vida nacional que inició Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 y continuó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El empleo ilegal, mal llamado “en negro” o no registrado, es uno de los principales flagelos que todavía sufre la clase trabajadora nacional, a pesar de todas las mejoras y avances logrados desde el año 2003 hasta la fecha.

La tasa de empleo no registrado llegó a 49,9% en su promedio nacional, durante el pico de la crisis de fines del 2001 y principios del 2002; a fines del 2014 llegó al 33,6%. Esos 16 puntos de diferencia representan unos $80 mil millones en ingresos por año para la Anses. Sin embargo, el FMI nunca hace hincapié en combatir la evasión empresaria a la seguridad social como una de las estrategias para mejorar las cuentas fiscales; su obsesión sigue siendo el recorte del “gasto público”, con efectos regresivos sobre la distribución del ingreso.

Una muy buena noticia reciente fue que en el primer trimestre de este año el trabajo no registrado se redujo al 31,9%, el nivel más bajo de los últimos veinte años. Se estima entonces que casi 4 millones de trabajadoras y trabajadores asalariados se mantienen en esa situación de ilegalidad laboral, en todo el país. De ellos, aproximadamente la mitad son bonaerenses.

En esa dirección, junto a la diputada Patricia Cubría, compañera del bloque Frente para la Victoria (FpV), presentamos el 3 de junio pasado, un proyecto de ley (D-1550/15-16) que promueve la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 26.940 de creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y su inmediata implementación, junto a la implementación de acciones y a la creación de organismos que permitan, en el ámbito provincial, ganar en eficacia y complementariedad en la promoción del trabajo registrado y en la prevención y el combate contra el fraude laboral.

La importancia de esta iniciativa radica en la defensa de los trabajadores con empleo ilegales, no registrados debidamente por sus empleadores por lo que evaden los aportes jubilatorios correspondientes, que carecen de cobertura social.

Esa población tampoco está comprendida en los acuerdos salariales que, año tras año, resultan de las negociaciones paritarias entre empleadores y sindicatos de cada actividad y, por consiguiente, no reciben las sumas a las que tienen derecho, lo cual les genera una merma en el del poder adquisitivo de sus ingresos mensuales.

Por estas razones reiteramos la importancia y urgencia de la implementación de acciones y la creación de organismos públicos provinciales para avanzar en la efectivización de los derechos laborales esenciales que garantizan las Constituciones nacional y provincial.

Asimismo, reclamamos intensificar la investigación, el análisis, las denuncias y el monitoreo de situaciones de trabajo no registrado, cuando no esclavo o semiesclavo, así como todas las formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y seguridad social, en actividades donde la fiscalización se presenta una mayor complejidad.

En lo esencial del proyecto se destacan los artículos de adhesión a la Ley Nacional 26.940 de creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y de creación en el Ministerio de Trabajo de la provincia de una Unidad Provincial Especializada de Fiscalización del Trabajo Irregular (Upefti), “con el objeto de investigar, analizar, evaluar y denunciar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y seguridad social”.

También tiene un relieve especial las sanciones a los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la norma citada que, mientras estén incorporados al Repsal, no podrán: acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado provincial, ni a las líneas de crédito otorgadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La implementación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y las acciones y organismos que se promueven constituyen una decisión que sumará herramientas válidas a la estrategia integral imprescindible para la erradicación del flagelo del empleo ilegal.

Esta lucha frontal debe ser una cuestión prioritaria en la agenda de política económica, laboral y social, a nivel nacional y provincial, por cuanto es una de las principales “deudas sociales” de esta compleja y extraordinaria etapa de la vida nacional que inició Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 y continuó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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